Hacen falta inmigrantes ante la
demanda
de ciertos trabajos y servicios que se
precisan atender
y no se cubren,
generándose con ello vacíos de
labores
y desempeños que son imprescindibles
para el sostenimiento y el progreso
de la economía y el bienestar
social.
Dicho lo anterior, parece una
chapuza
desatinada la aprobada
regularización
masiva de los llamados “ sin papeles
“,
llegados y afincados en nuestro
país.
Los requisitos establecidos para
solicitar
la legalización son un puro
formalismo,
fácil de burlar y de simular con engañifas;
además de la inasumible carga para
las
oficinas de extranjería encargadas de
la
tramitación y comprobaciones
pertinentes.
Los sindicatos policiales, conocedores
de
la problemática y de “ la que se viene
encima “, mostraron su
disconformidad,
conforme a la experiencia acumulada y al
sentido
común, pero para nada valió.
“ Erre que erre “, el Gobierno va a la
suya,
encubriéndose con impostado talante
humanitario.
Así, de pronto, se echa de falta que
no
se hayan exigido unos mínimos
requisitos,
en principio fiables y comprobables,
como podría ser, por ejemplo: la acreditación
de compromiso de
contrato de trabajo por
parte del empleador, debidamente
documentado, y carencia de antecedentes
policiales desfavorables.
En fin, se ha optado por una especie de
“ legalización a la carta “, que mueve
a
a sospechar
motivaciones político-electorales;
aunque tal presunción, ¡ habrase visto !,
se tilde de bulo.
Legalización, sí; pero no en incontrolable aluvión.
