PROGRESIÓN SECESIONISTA.

 

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El que los independentistas catalanes no hayan tenido la mayoría abultada que deseaban en las recientes elecciones autonómicas, no debe servir para ignorar la numerosa masa votante que optó por ella en clave de plebiscito por la soberanía. Desde la transición española a la democracia, el sentimiento separatista ha ido en aumento; promovido por el adoctrinamiento antiespañol desde la escuela, el falso agravio esgrimido, la compra-connivencia de los medios de Cataluña, la falsificación de la historia, la progresiva inmersión lingüística en catalán en detrimento del castellano y un largo etcétera.

Esa progresión secesionista no parece que vaya a remitir, como tampoco sus planes expansionistas y anexionistas diseñados en la ensoñación de " Els països catalans", que hasta tiene sus defensores en estómagos agradecidos que hoy gobiernan en bastantes instituciones de la Comunidad valenciana y en un sector, reducido, pero activo, de su " intelectualidad".

Es tarde para lamentos y reproches de por qué se ha llegado a tal extremo. Culpas hay para repartir por doquier. Al mosaico secesionista, además de combatirlo con la Ley y la Justicia, hay que hacerle entrar en razón con un armazón político formado por los partidos constitucionalistas, que defiendan sin ambigüedades ni matices la unidad de España. Sólo así se podrá podrá conjurar el peligro secesionista, aparcando oportunismos partidistas e intereses electorales. Y llegado el caso, no hay que tener remilgos en aplicar el artº 155 de la Constitución. Hay responsables gubernamentales y de la oposición, todos constitucionalistas, que eluden pronunciarse sobre tal posibilidad y su sola mención les produce grima.

Ya está bien del mantra de las singularidades- Cataluña, como las otras autonomías, tiene las suyas y se las respeta-; todas las especificidades regionales son patrimonio de lo español. Como los separatistas son insaciables- la experiencia acumulada en los últimos años lo evidencia-, no procede ninguna concesión más que suponga agravio o discriminación a las restantes comunidades autónomas.