Prospere o no, el proyecto de ley propuesto por el PSOE, endureciendo y ampliando la vigente ley de memoria histórica, que impulsó el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero, es sectario y selectivo, reavivando una vez más las heridas que quedaron cerradas, en un acto de generosidad y reconciliación, durante la transición del franquismo a la democracia. Sánchez le ha dado una vuelta de tuerca más a la que diseñó Zapatero.
El citado proyecto legislativo, entre otros puntos cuestionables y conflictivos, contempla la penalización de opiniones y estudios históricos contrarios a los dictados del mismo. O sea que, por ejemplo, la libertad de expresión y de comunicación veraces o al menos discutibles históricamente, dentro de los actuales cauces legales, podrían verse constreñidas ante el temor de ser consideradas, por el inquisidor de turno, como exaltación o apología de Franco o de su régimen. Por supuesto se insiste en la obsesión contra el Valle de los Caídos,determinadas rotulaciones de calles, estatuas y símbolos asociados al franquismo.
El revisionismo histórico debe estar reservado a los historiadores asépticos que, valorando hechos de unos y otros, azules y rojos, y atendiendo las diversas circunstancias de las épocas pretéritas estudiadas, aporten luz sobre lo que pasó de bueno y de malo. Sobre esto existe abundante bibliografía. Cada cual se queda con la que más le gusta. Lo ocurrido, ya pasó; otra cosa son las preferencias sobre lo que debió ocurrir. En cualquier caso, no es conveniente utilizar, y más a estas alturas, la historia como arma arrojadiza. Aprendamos la lección y tengamos la fiesta en paz.
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