Se les ha dejado ir demasiado lejos, pero no es el momento de hacer reproches a quienes lo han consentido, sino el de actuar con firmeza contra los impulsores y elementos destacados del proceso secesionista catalán. Es mucho el daño que han causado a Cataluña y al resto de España, y mucho mayor el que originarán en su obsesión demente. De lo que suceda a partir de hoy, tras la resolución aprobada en el Parlament por Junts pel Sí y la CUP, para iniciar el proceso de independizarse de España, que culminaría con la proclamación del Estado catalán republicano, serán ellos los únicos culpables.
Han dividido a la sociedad catalana y se han enfrentado a la opinión y el sentir de la inmensa mayoría del resto de españoles, que diferencias ideológicas aparte, no renuncian a la unidad y la integridad territorial de España. Y lo han hecho desde las instituciones del Estado democrático, gracias al cual gozan de su privilegiado estatus, para intentar desguazarlo desde dentro, conjugando traición, sedición y rebelión.
Costará años para que cicatricen, si es que se consigue, las heridas originadas por el puñal separatista. Quienes lo han empuñado, emponzoñando la convivencia colectiva y saltándose la ley, no deberían irse de rositas ni ser objeto de sanciones simbólicas o simples apercibimientos; merecen, en aras a la cacareada proporcionalidad, pasar una larga temporada entre rejas; detrás de los barrotes carcelarios que aún no conocen la banda de los Pujol. El desafiante pulso secesionista no lo pueden ganar.
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