JUSTICIA Y POLÍTICA

Los que delinquen deben asumir las consecuencias penales de sus actos. El órgano judicial instructor en la fase de investigación y el juzgador habrán de valorar las diversas circunstancias, indicios y pruebas conforme a la Ley y a la Jurisprudencia, y pronunciarse con independencia, sin dejarse influir por injerencias o presiones externas. La función fiscal consiste en velar por el cumplimiento de la legalidad e instar las actuaciones que estima procedentes en cada caso.

Nuestro ordenamiento procesal-penal es escrupulosamente garantista, y los jueces asumen tan gran responsabilidad, en ocasiones incomprendida y censurada, y en otras aplaudidas, en base a los deseos, favorables o no, de los justiciables y de determinados posicionamientos políticos.

Cuando se insinúa o acusa al Gobierno de influir en las decisiones judiciales, como sucede ahora por la prisión provisional acordada contra ex “ consellers “ del destituido Gobierno catalán, se está mintiendo descaradamente y a sabiendas. Precisamente, esto puede aumentar el victimismo de los secesionistas, aumentar sus votos en las elecciones autonómicas del 21-D y, por ende, perjudicar en su conjunto el voto a los partidos constitucionalistas. Sólo una participación masiva de los catalanes, que a la vez se sientan españoles, podría facilitar que, como resultado de las urnas, se conformara un nuevo “ Govern “ partidario de la unidad de España.

Por lo visto hasta ahora, la extrema izquierda simpatiza más con los separatistas, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que se solidariza también con los encarcelados, a los que igualmente califica torticeramente de presos políticos, no oculta sus pretensiones de ser presidenta de la “Generalitat”. En fin, entre todos estos, han creado un clima de incertidumbres y nos han metido en un embrollo del que no se sabe a ciencia cierta cómo vamos a salir. Por otra parte, los vaivenes de Iceta, que apoyó el sí a la aplicación del artículo 155, hacen impredecible su postura de cara al futuro próximo.