Ha dicho el presidente del Gobierno que Artur Mas se ha metido en un lío, a lo que cabe añadir que también ha metido en el enredo a los catalanes y al resto de españoles- sin razones que avalen su delirio, ni necesidad alguna- con la pretendida independencia. Acabe como acabe el embrollo e incordio secesionista, ya se han producido fisuras desgarradoras en sentimientos contrapuestos, que no cicatrizarán. Los rescoldos de lo que está sucediendo perdurarán.
El desasosiego, por culpa de Mas y de los viajeros embarcados en tan errática y peligrosa aventura, ha prendido en los que no se suben en ese tren y suspiran para que sea frenado. A la inquietud patriótica por una eventual fractura de España, se suman las incertidumbres que se añadirían a la aún maltrecha economía nacional y a la de muchos negocios y bolsillos particulares, que confiaron invertir en Cataluña y depositar sus ahorros en bancos y cajas domiciliadas allí. Ante la falta de un posicionamiento público, claro y explícito, por parte de muchas de las principales empresas y entidades financieras radicadas en la región catalana, se escuchan cada vez más voces replanteándose retirar la confianza que en su día depositaron en ella por la seguridad y estabilidad que ofrecía. Y es que, aparte sentimientos, el asunto de la " pela" no es exclusivo de los catalanes.
No puede resultar gratuito para Mas y su comparsa provocar- salpicando a la gente- el lío en que se ha y nos ha metido. Tampoco para las fuerzas económicas que por motivos mercantiles o miedo, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, dan la impresión de equidistancia al no comprometerse. Pocas han se han expresado con nitidez y muchas lo han hecho con ambigüedades. Como reza el refrán: que cada palo aguante su vela.
De momento, el Tribunal Constitucional ha acordado esta tarde por unanimidad la suspensión cautelar por un periodo máximo de cinco meses- si no la ratifica o la levanta antes- de la ley de consultas y el referéndum por la independencia, por ser " consciente de las trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en general, y en particular para la catalana", quedando " en suspenso todas las resoluciones y actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos".