Ocurra lo que ocurra el 1-O y los días posteriores, nada será igual para la convivencia pacífica y democrática en común, actualmente dañada seriamente en Cataluña a causa de la bravuconería independentista. Ha sido y es muy desgarrador el quebranto causado por los separatistas, conculcando la legalidad vigente. Sus desafíos constantes al orden constitucional y la altanería provocadora con la que actúan, y en la que continuarán, constatan un presente y auguran un futuro muy preocupante para la estabilidad del país. Por mucho empeño que pongan la Justicia, el Gobierno y los partidos constitucionalistas, será extremadamente difícil extirpar la ponzoña secesionista, incubada y promovida durante años. Sólo una intervención “ quirúrgica” de alto calado, respecto a la que hay reticencias comprensibles, por eso de las respuestas graduales y proporcionadas para no dar alas al victimismo falso esgrimido por los sediciosos, frenaría temporalmente los delirios de esta especie de secta destructiva.
Los deseos mayoritarios del conjunto de los españoles creen y quieren la unidad de España; al mismo tiempo que temen las consecuencias de su ruptura y las derivadas de una reacción contundente, por legítima que fuera. Se procura eludir la posibilidad de una intervención militar, pero si la rebeldía persiste y se desencadena la furia violenta de los independentistas más belicosos, no habrá otro remedio que plantearse tal opción, complementaria a la misión de la Fuerzas de Seguridad, si no surten efecto las diferentes medidas correctoras, disuasorias y preventivas que se vienen dictando y aplicando por quienes tienen la obligación de defender el Estado de Derecho.
En cualquier caso, los máximos impulsores de la deriva secesionista y miembros destacados de la misma deben purgar el mal que han ocasionado. Incluso aunque se impidiera el referéndum separatista, o a última hora se diera marcha atrás por sus promotores, no cabe hacerles más concesiones ni componendas. La reconciliación siempre es loable, pero ésta, de producirse, no se entendería sin la aplicación de la Justicia. Con independencia de ello, quedaría una tarea pendiente: desprogramar a los abducidos por la secta secesionista y poner obstáculos para la captación de nuevos adeptos; lo que, a la vista de la historia reciente, parece un reto utópico. Pero por intentarlo, que no quede.
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