La agresividad y la violencia- en sus diversas
formas delincuenciales- crecen a un ritmo preocupante, al propio tiempo que las
actuaciones policiales no gozan del debido respaldo oficial, sintiéndose los
miembros de los distintos Cuerpos de Seguridad con “ las manos atadas “ en
muchas de sus actuaciones. No facilitan desatarlas, sino que las anudan más,
algunas de las autoridades de las que dependen, y que desde el pasado vienen
destacando por su animadversión al “ uniforme “. A ellas hay que sumar la tropa
política de diverso pelaje que mantiene la misma fijación con lo que llaman “
fuerzas de represión “.
Cualquier acto del ejercicio legítimo de la
fuerza, en defensa propia, ajena o para restablecer el orden público conculcado,
se cuestiona y tilda con demasiada frecuencia de brutal, desproporcionado,
innecesario o inoportuno, cuando los excesos son mínimos y puntuales, además de
sancionados, en comparación a la tónica general de las respuestas adecuadas y
correctas a cada caso concreto. Si de algo se peca en muchas ocasiones es de
blandenguería o reacción poco contundente por parte de los agentes de la
Autoridad, ante comportamientos delictivos e incívicos graves, por prevención de
lo que les podría acarrear si actuasen como demanda la situación.
La sociedad necesita protección y seguridad para
ejercer sus derechos y libertades, pero debe también estimar el trabajo de los
que los garantizan y protegen, así como el reconocimiento de los que lo llevan a
cabo. Tal estima y reconocimiento es otorgado por la gente de bien, siendo
recibidos por los agentes de la Autoridad como preciada recompensa por el deber
cumplido.
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