A las políticas erráticas del Gobierno catalán y del
Ayuntamiento de Barcelona no sólo les faltaban los desmanes repetidos,
propios de guerrilla urbana,
cometidos por los " okupas" en
el barrio de Gràcia, causando cuantiosos daños y enfrentamientos violentos
contra la policía. Tenía que ocurrir conociendo el caldo de cultivo permisivo
que han propiciado las citadas Instituciones respecto a estas
tribus antisistema y anticapitalistas. ( Cabe resaltar que el anterior
alcalde de Barcelona, Trías, de CiU, pagó durante un año el alquiler- unos 5500
€ mensuales con cargo a las arcas municipales- al propietario del banco
expropiado por los "okupas", por cuyo motivo está siendo investigado
por la fiscalía por presunta malversación de caudales públicos.)
Tanto la Generalidad, chantajeada por las CUP, como el
Consistorio, cuya alcaldesa Ada Colau fue activista anti desahucios, se
encuentran ahora ante el dilema de ejercer sus responsabilidades
o el de no inquietar en demasía a los violentos. Parece que se han inclinado
por lo último. Signos indicadores serían la práctica inexistencia de
detenciones- difícil de explicar de no existir recomendaciones políticas al
respecto-, la apelación innecesaria de Ada Colau para que la policía-
experta y de acreditada profesionalidad- actúe con proporcionalidad y el
descargar sobre los vecinos el papel mediador con los violentos.
O sea, como parece que los " Mossos d'esquadra(
policía autonómica) y la policía local no tienen el apoyo y el respaldo
merecidos, y hay dejación de Autoridad por los responsables de ejercerla,
en el barrio de Gràcia no se mantiene ni se restablece el
orden como sería menester por la gravedad de los disturbios, y los ciudadanos
pacíficos se ven desprotegidos.
Con ello se dan alas a los violentos, los que podrían
ser utilizados como fuerza de choque si alguna vez el Gobierno central de turno
decide cortar por lo sano ante la previsible declaración unilateral de la
independencia de Cataluña.
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