Las Fuerzas de Seguridad deben dar respuesta proporcionada a la violencia de los radicales que alteran la paz pública con agresiones y desmanes. No se puede permitir que éstos campen a sus anchas y causen el caos, atacando a los agentes de la Autoridad y destruyendo bienes. Cuando el orden y la seguridad pública se perturban con violencia, deben ser restablecidos, no siendo de recibo impedir que lo hagan quienes legítimamente están facultados para ello.
A tenor de lo visto en imágenes de televisión, los violentos de extrema izquierda actuaron libre y salvajemente en Madrid, el pasado sábado con motivo de la manifestación convocada bajo el lema “Rodea el Congreso”, sin que fueran reprimidos, con la contundencia adecuada, por los componentes de las Unidades de Intervención de la Policía, que están perfectamente adiestradas para ello, saben hacer bien su trabajo y cuáles son los límites y medios a emplear en cada caso.
Una imagen vale más que mil palabras, y en las mostradas se veía a los policías dejándose apedrear, utilizando sólo el escudo protector como defensa y sin cargar contra los bárbaros, que también rodeaban y aporreaban con palos a vehículos policiales, destrozaban señales de tráfico y mobiliario urbano. Se ha publicado que de los 23 heridos que hubo, 14 fueron policías, y se produjeron 7 detenciones.
Como queja explicadora a la poca reactiva actuación policial, portavoces sindicales de dicho Cuerpo han venido a decir que los agentes habían recibido instrucciones de sus altos mandos de aguantar, restringir el uso las defensas y de otros medios de dispersión; intentando algunos jefes la imposible persuasión dialogada con quienes, por naturaleza incívica, no son receptivos a ella.
De ser así, se estaría ante órdenes como mínimo cuestionables. Ninguna debería impartirse para no ejercer la legítima defensa, si se es agredido injustamente, ni para no restablecer el orden público conculcado, cuando se puede hacer sin originar males mayores o irreparables y utilizando medios proporcionados. Extraña, por otra parte, que tales órdenes, de haberse cursado, lo hubieran sido sin la previa sugerencia o el aval de instancia política superior.
En cualquier caso, esto no debería quedar así. Procede una aclaración oficial, razonada y convincente a lo sucedido. La buena imagen policial y la confianza de los ciudadanos en quienes tienen que salvaguardar la seguridad pública y la pacífica convivencia, lo exigen. Alguien tiene que dar la cara y explicar el porqué. No vale escudarse en genéricas razones de oportunidad, ni echar la culpa al policía. Éste es el que, por defendernos, pone la cara, a riesgo de que se la partan.
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