FILTRACIONES.

 

Las filtraciones, cuando afectan a las diligencias judiciales declaradas secretas, obedecen a intereses espurios e implican quebrantar el deber de reserva por parte de quien está obligado a mantener el sigilo. Conllevan la comisión de un delito por el que infringe tal deber, más allá de vulnerar las normas éticas o deontológicas establecidas al efecto. Dichas filtraciones trascienden al mero cotilleo: se procura dañar, y  qué mayor daño, para la instrucción judicial y la persona sometida a investigación, que hacer partícipe del secreto a los medios de comunicación, que por oficio andan ávidos de las primicias informativas ! Estas se reproducen en cascada, y el efecto perseguido por el filtrador está asegurado: se asiste a juicios paralelos y a condenas anticipadas.

No es fácil averiguar la autoría de la filtración- tampoco se pone demasiado interés en ello por quienes deberían averiguarlo-, y las cábalas quedan en simples sospechas. El filtrador guardará silencio y el periodista o medio se amparará en el secreto profesional y en el deber de información. Contrastar la veracidad de lo publicado o difundido- diferente a la judicial que la determinan los tribunales- resulta complicado si no se tiene acceso directo al original de las diligencias judiciales, fiscales o policiales. Si se archivan éstas o hay pronunciamiento absolutorio, la noticia dejará de serlo o quedará reducida a una pequeña nota, y el mal causado en el honor y la dignidad del que fue encausado no hay forma de repararlo. Seguirá prevaleciendo lo de " el río cuando suena, agua lleva".

Las filtraciones alcanzan su apogeo cuando anda la política de por medio, y la presunción de inocencia se ve perturbada por la insinuada, más o menos a las claras, presunción de culpabilidad. Depende, en cada caso, de a qué partido beneficia y a cuál perjudica. Asistimos a un mar de recíprocas hipocresías en las que lo que es malo para ti, es bueno para mí.

Como resulta complicado acabar con las filtraciones y descubrir a sus autores, al Ministro de Justicia, Sr. Catalá, al que no se le puede tildar de censor ni inquisidor, no se le ocurrió días pasados otra cosa que hacer una reflexión en voz alta acerca de si se debería sancionar a los medios que se hicieran eco de las filtraciones de asuntos que están bajo secreto judicial, metiéndose en un berenjenal no demandado ni que venía a cuento. Las reacciones en contra no se hicieron esperar, incluso en el propio partido gobernante, y hasta el mismo Ministro tuvo que aclarar su posicionamiento personal, respetuoso y favorable a la libertad de información.

No hay que matar al mensajero, sino perseguir al malicioso filtrador. Otro asunto es la autolimitación responsable que los medios podrían hacer de por sí, atendiendo a determinadas casuísticas y compaginando el derecho constitucional " a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" con " el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen...", reconocidas también en la Carta Magna. Sobre ello procede que hicieran su reflexión. En su favor hay que reconocer el importante papel que han ejercido y ejercen, al destapar supuestos casos de corrupción, nepotismo y otras tantas desviaciones de poder.