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Hay opiniones a favor y en contra del
levantamiento del Estado de Alarma, el 9 de Mayo, que ha anunciado el Presidente
del Gobierno Pedro Sánchez. Si cumple lo dicho, quedándose sin la suficiente
cobertura jurídica las Autonomías, Entes provinciales y locales, se armará un
lío, ya que sin previa autorización judicial no se puede restringir la libertad
de movimientos, y se limitarán a dictar los horarios de cierre de bares y de
otros establecimientos, número de asistentes a la vez a los mismos, en los
domicilios y espacios públicos, medidas de
seguridad en ellos y poco más. Si consideran que es necesario el cierre
perimetral de un pueblo o ciudad por la elevada tasa del Covid-19, incluso el
confinamiento, la opción sería solicitar al Gobierno el Estado de Alarma y las
medidas restrictivas para esos enclaves o la autorización judicial
correspondiente, sujeta a la valoración de cada Juez.
Las razones del levantamiento citado las ha
justificado el Sr. Sánchez, diciendo que ayudará a la recuperación económica y
se reducirá la expansión pandémica a índices tolerables o bajos, con la
inoculación de las vacunas. Hay quienes piensan que el anuncio del Presidente
obedece a motivaciones políticas, por las elecciones del 4 de Mayo en la
Comunidad de Madrid, lo que parece muy probable conociendo cómo gobierna, su
apego al poder y al oportunismo político para
aferrarse al mismo. El resultado electoral de las “ madrileñas “ podrá influir
en el de los comicios que más tarde se lleven a cabo en el resto de
España.
Las medidas de tanto calado, referidas al inicio
y de repercusiones inciertas, requerirían ser consensuadas políticamente, así
como consultadas a los que realmente son expertos epidemiológicos y del
tratamiento clínico-hospitalario, además de a los que saben de economía, cómo se
levantan y mantienen las empresas, se crea empleo, se reduce el déficit y el
endeudamiento, evitando el despilfarro. Pero eso, ahora y en nuestro país, es
como “ pedir peras al olmo “.
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