Las cargas fiscales, cuando son asfixiantes e incautadoras, desincentivan el ahorro y la inversión productiva, e impulsan a muchos a prácticas pícaras y fraudulentas, con el fin de eludir, total o parcialmente, el pago de los impuestos. Es necesario y obligado contribuir a las arcas públicas, pero resulta inadmisible la voracidad de la mayoría de las distintas administraciones y la discrecionalidad con la que distribuyen los ingresos obtenidos. Las subvenciones para asuntos no esenciales, regaladas muchas veces con fines políticos e ideológicos, además de los gastos desmesurados, caprichosos y superfluos, detraen las cantidades imprescindibles que deben destinarse a lo verdaderamente prioritario y obligado.
La administración del dinero público tiene demasiados agujeros; es como la tubería porosa que va perdiendo agua en sus diversos tramos. Es obligado sospechar de la idoneidad, competencia y el bien hacer de gran parte de los que se dedican a tal menester, los cuales actuarían posiblemente de otro modo, prudente y diligente, si el dinero fuera suyo. Y es que los manirrotos, que no se admitirían en las empresas privadas, abundan en el sector público y devienen en la plaga oportunista y partidista del despilfarro. Ha creado escuela la afirmación que en su día dijo la socialista Carmen Calvo: “ El dinero público no es de nadie “. Le faltó añadir: “ salvo de los que lo administran “.
Sobre la última “ Amnistía fiscal “ sobran comentarios, toda vez que ya se pronunció el Tribunal Constitucional en contra de ella. La referencia de Cristobal Montoro al “ cebo y los pececitos” sonaron a sarcasmo y burla. Lo que tiene que hacer es dejar de apretar al contribuyente sufrido y cumplidor; si le gustan los chascarrillos y “ gracietas” que se explaye en su casa.
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