Ayer coincidiendo con el 4º aniversario del atentado terrorista de ETA, mediante furgoneta- bomba, en la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas, que causó además de millonarios daños en las instalaciones, numerosos heridos y, lo más grave e irreparable, la muerte de los jóvenes ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, trascendió la noticia que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a 4 de los guardias civiles que detuvieron a los asesinos etarras Igor Portu y Martín Sarasola, implicados directos en la masacre según sentencia judicial de la Audiencia Nacional, a penas de prisión e indemnización a dichos terroristas, por torturas y lesiones.
Oír y ver para creer, España al revés. Agentes del orden que a diario se juegan la vida para salvaguardar a la sociedad y a todos nosotros de la barbarie terrorista, son “recompensados”, en incomprensible decisión judicial y con acusación del fiscal, cual si fueran delincuentes. Son agentes de la autoridad, guardias civiles o policías, y su obligación es detener a los terroristas, como así lo hicieron, afrontando los máximos riesgos, venciendo y neutralizando las resistencias a ser detenidos y el peligro intrínseco a las armas que los desalmados portaban. No estaban ante vulgares rateros ni delincuentes de cuello blanco; se enfrentaron, como en tantos otros casos hacen Guardia Civil y Policía, a carniceros de humanas vidas, a quienes con el terror desafían al Estado, y con él a todos, pretendiendo doblemos rodilla y agachemos cabeza para recibir el tiro de “ gracia”.
De sobra son conocidas las normas a observar según “el manual de procedimientos” de ETA ante las detenciones, entre ellos la resistencia a las mismas, el denunciar sistemáticamente torturas, fijarse en detalles personales y del entorno-espacio para dar apariencias de credibilidad a la denuncia, autolesiones, etc....; sin obviar la presión que de por si conlleva el vivir en el país vasco a quien no es de la cuerda del entorno terrorista o del nacionalismo independentista. Quien no se identifica con los planteamientos de estos no se siente libre y ¡no digamos! si, encima, son personajes públicos o ejercen funciones publicas. Si alguien lo duda que pregunte entre los miles de vascos que se han visto obligados, a causa del terror, a emigrar de su tierra, o repare en el gran número de escoltas privados en el país vasco ; de asesinados y extorsionados ¡no digamos!.
La razón de denunciar torturas no es otra que provocar inquietud y zozobra en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a sus familias, que cunda el desánimo y a la vez seguir con el irredento victimismo contra el centralismo opresor y las “ fuerzas de ocupación”. Toda esta parafernalia, acompañada de un coordinado aparato de agitación y propaganda y el asesoramiento de abogados afines, se lleva a rajatabla. Lo importante es el fin perseguido y si por añadido se produce alguna sentencia condenatoria, como a la que nos referimos y tan discutible, pues “miel sobre hojuelas”. Como vemos, táctica vieja; pero no por ello ha influido negativamente en la eficacia de los CFSE, al contrario se ha incrementado. Otra cosa son los trapicheos políticos, que vamos a dejarlos por hoy al margen.
Se anuncia recurso y confiemos que el Tribunal Supremo ponga las cosas en su sitio. No hace falta ser experto jurista para darse cuenta de los posibles errores en la apreciación de las pruebas y otros matices…que valorará.
Aguantad la rabia y el dolor, guardias civiles, no son vuestras conciencias las manchadas; otras desprenden hedionda traición. Que 2011 os encuentre con el orgullo del deber cumplido y el ánimo presto al sacrificio. Todo español de bien alza su copa, al acabar el año, por vosotros y vuestras familias.
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