La pretensión del Gobierno de controlar el Consejo General del Poder Judicial para decidir, por afinidad política, sobre el nombramiento de los altos cargos judiciales de los Tribunales Superiores, la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional, empaña la credibilidad de la Justicia, a la que le hacen un flaco servicio, porque sin el reconocimiento ciudadano de su independencia el Estado de Derecho se resiente profundamente. Si, además, nombra a la presidente de la estatal R.T.V.E, para que los intervinientes en las tertulias políticas e informativos opinen e informen mayoritariamente a su favor y no se excedan en las críticas contra el Ejecutivo, no pareciéndole bastante los medios privados que ya lo hacen, recompensándoles por ello, hace gala de dos de sus muchos tics totalitarios, que pervierten y desvirtúan la democracia.
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