EL ABORTO

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforma de la ley del aborto emprendida por el Gobierno, ampliando los anteriores supuestos para el mismo, no es un avance en los derechos de la mujer, sino un un ataque más contra la vida y la grandeza de ser madre. Permite, entre otras barbaridades, que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin informar a sus padres ni obtener su consentimiento. Establece la obligatoriedad de practicarse en los hospitales públicos, a la vez que exige que los médicos que no deseen hacerlo lo manifiesten, lo que implica la posibilidad de ser puestos en la “ lista negra “ y peligrar sus aspiraciones de ascenso profesional. Elimina los 3 días de reflexión, por si la embarazada cambia de parecer. Prohíbe que personas o grupos ofrezcan orientación y ayuda, exponiendo otras alternativas al aborto. Lo dicho, es una barbaridad monstruosa, que impulsa con mayor extensión la muerte del nasciturus. El derecho es a la vida, no a segar la del embrión humano.

 

Salvo profundas convicciones cristianas y ético-morales contrarias al aborto, se puede entender humanamente que se opte por éste en casos de violación constatada, riesgo grave para la vida de la madre( el de la salud física y psíquica es un coladero, cual un cheque en blanco ), y ante pronósticos seguros de enfermedades y anomalías graves, incurables y progresivas detectadas en el que va nacer, el cual viviría como un vegetal o en permanente discapacidad mental. Es un problema de conciencia personal de los que deben tomar la decisión. Pero, incluso, en los supuestos señalados, es amplia la casuística a favor del nacimiento. Piénsese, por ejemplo, con los afectados por el síndrome de Down u otras discapacidades graves.

 

En fin, impera más la protección de una planta o de un animal cualquiera que la de vida y el derecho a nacer de todo ser humano. A tal estado de depravación moral ha llegado el Gobierno y su ministra de “  desigualdad “ Irene Montero, impulsora ufana de esta monstruosidad, levantando a lo más alto el pendón de la iniquidad. A todo esto se suman los 12 años que lleva el Tribunal Constitucional sin pronunciarse acerca del recurso, que le fue planteado sobre aspectos polémicos del aborto. Mayor negligencia no se puede dar, que solo es explicable, pero no justificable, por las divergencias ideológicas de sus componentes.