La declaración soberanista del Parlamento catalán sobre el “ derecho a decidir”, en la que se reconoce a Cataluña como “ sujeto político y jurídico soberano” y, por tanto, avala unilateralmente la consulta, o referéndum en el territorio de esa Comunidad Autónoma, para que, en su día, puedan pronunciarse los votantes sobre la independencia respecto a España, estaba anunciada y no sorprende aunque haya sido respaldada por 85 de los 135 diputados autonómicos.
Aunque destacados juristas coinciden en afirmar que la citada declaración carece de efectos jurídicos y es nula de pleno derecho, sí que los tiene políticos y afectan en el exterior a la credibilidad de España como Nación única, abriendo interrogantes sobre su estabilidad. Ya se encargarán los “ embajadores” secesionistas de presentar y vender en los foros internacionales las bondades de la mercancía podrida.
Conociéndose sobradamente los planes separatistas y el probable resultado de la mentada declaración, sorprende que el Gobierno no tuviera prevista la adecuada respuesta legal, y tal vez, por la presión popular, se haya inclinado, de prisa y corriendo, por pedir a la Abogacía del Estado que estudie su posible inconstitucionalidad, como paso previo a decidirse si se impugna o no, ante al Tribunal Constitucional, la declaración soberanista.
Sorprende por cuanto el cualificado aparato jurídico a disposición del Gobierno es abundante; tiempo y prestigiosos asesores ha tenido de sobra para no esperar a que, ahora y repentinamente, se estudie si son churras o merinas mientras el lobo, que nunca se ha ocultado, campa a sus anchas.
Como sorprende que tantas cosas sorprendan y vamos de sorpresa en sorpresa, cabe deducir que nada ocurre por azar. Lo que pasa es que nuestra torpeza nos impide ver más allá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario