RETRIBUCIONES Y CORRUPCIÓN.

 

Algunos sostienen que para evitar la corrupción los políticos tienen que estar bien retribuidos, aunque conviene hacer ciertas matizaciones a tal aserto:

La retribución justa y digna debería fijarse en base a la responsabilidad del cargo que se ocupa o ejerce y  la dedicación que conlleva, que generalmente van ligadas a la jerarquía institucional y pública. El tope máximo, por provenir del erario público, no debería escandalizar a la mayoría de la opinión ciudadana, sino aceptarse como acorde a la función desempeñada.

En España, aunque tales sueldos no parecen elevados a nivel de las instituciones de ámbito estatal, se disparan en diversas autonomías y ayuntamientos. Se dan casos en los que, por ejemplo, un alcalde, un presidente autonómico, o personal dependiente de ellos, cobran más que un ministro y el presidente del Gobierno de turno.

Para compensar y facilitar el trabajo que se ejerce, se suelen aprobar partidas adicionales( dietas, gastos de representación, transportes gratuitos,...), que no precisan justificación en algunos supuestos, o se da por buena- en ocasiones y cuando es exigible- sin mayores explicaciones o comprobaciones. Se deja el buen uso de tales recursos a la voluntad de quien dispone de ellos, bajo la suposición de su rectitud o por desinterés hacia posibles abusos.

En conclusión, la corrupción en el ámbito público no depende del sueldo, sino de la honradez de la persona asentada en principios y valores éticos o morales. Es cierto que siempre hay corruptores al acecho, por lo que hay que estar en prevención contra ellos para no caer en las sutiles o descaradas tentaciones que ofrecen. No obstante, algunos sucumben a ellas o van en su busca; va con la condición humana, y por eso hay que exigir que los controles para prevenir la corrupción sean eficaces dentro de la Administración y de los partidos.