La lentitud de las instrucciones judiciales por corrupción, además del insistente y reiterativo tratamiento informativo sobre los supuestos implicados en los mismos, calificados de imputados, con difusión de sus nombres e imágenes- que en algunos casos revisten características de persecución y acoso cuando son asediados en los accesos a las dependencias judiciales y policiales-, convierten en víctimas a los que posteriormente son desimputados, se archiva o sobresee el procedimiento que se les inició o se dicta sentencia absolutoria.
Los inocentes, desgraciadamente afectados por tales desdichas, sufren un largo calvario de preocupaciones, inseguridades y sospechas hasta que se sustancia en su favor el asunto; padecer emocional que también alcanza al núcleo familiar más próximo. Las heridas inferidas son difíciles de cicatrizar. ¿Quién y cómo se repara el daño causado?
La endémica lentitud generalizada de nuestra Justicia en comparación con la agilidad en algunos países avanzados, incrementada por las maxi investigaciones que no se parcelan, los excesivos trámites burocrático-legales y la falta de medios personales y materiales en muchas sedes judiciales, causa la prolongada agonía de las víctimas inocentes. Si a ello se añaden los vasos comunicantes de la politización, resulta que a menudo suelen pagar los cabezas de turco de turno por exceso de lealtad hacia quienes no son acreedores a ella.
Es necesaria una reforma de la Justicia para mejorar su funcionamiento y, en consecuencia, para que verdaderamente se tenga confianza en ella, con independencia de quien la administre. El acercamiento de aquélla al ciudadano, y la comprensión de las distintas circunstancias complejas concurrentes en el ser humano, deben ser unas aspiraciones realizables. Ello, entre otros aspectos positivos, mermaría las angustiosas zozobras que agobian a los que no se han llevado un euro ajeno.
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