No se puede negar que estamos ante la segunda ola pandémica del Covid-19 en España, aumentando el número de contagios de un modo preocupante, y en algunas ciudades y autonomías de forma muy alarmante. Por ello deberían los Delegados del Gobierno prohibir toda clase de manifestaciones, concentraciones y huelgas, por justas que sean sus reivindicaciones o denuncias, aunque el carácter político de bastantes de ellas, promovidas e incitadas por las izquierdas, es evidente.
No hace falta remontarse a la II República para
recordar el mal perder de socialistas y comunistas. La Historia objetiva lo ha
estudiado bien. Ahora no sólo quieren recuperar la Alcaldía madrileña, sino que
extienden su pretensión al Gobierno de dicha Comunidad, utilizando todos los
medios a su alcance, valiéndose también de las
movilizaciones y los medios afines, y pretendiendo seducir al oscilante
Ciudadanos. Si ello sucediera, ambas Instituciones no podrían caer en peores
manos ni en el yugo más asfixiante.
Conviene recordar que las manifestaciones
permitidas del 8-M, en especial la feminista de Madrid, soltaron la espoleta de
la pandemia expansiva y destructiva, pese a que el Gobierno era conocedor con
anterioridad de los incipientes contagios y el claro peligro de su extensión.
Pero se impuso la ideología sobre los intereses más importantes. Ahora estamos
en una fase crítica que aconseja prohibir las manifestaciones, concentraciones y
huelgas citadas al inicio. Son prioritarias la salvaguarda de la salud pública y
de la vida a los derechos de ejercer aquéllas. Sobran datos para
justificarlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario