Con el asunto de los EREs en Andalucía nos ha pasado algo similar como en el caso del parricida Bretón: apenas nos hemos referido a aquel, si acaso de pasada, y tangencialmente una vez a éste. La personal convicción de la certeza de las imputaciones, a medida que trascendían las noticias, corría pareja a la resta de puntos que la sociedad iba haciendo respecto a la presunción de inocencia; produciendo el primero un fétido hedor y, el segundo, horror por el hecho en sí como animadversión hacia el asesino de gélida mirada.
La Junta de Andalucía se personó como acusación particular en lo de los EREs, pareciendo que tal decisión obedeció más a fisgonear y tratar de controlar en lo posible lo que se cuece judicialmente, que a su esgrimida alegación de perjudicada. No puede decirse que su obligada colaboración con la Justicia se haya destacado por la prontitud a los requerimientos ni por la disponibilidad sin reservas. Al contrario, han habido obstrucciones a la instrucción e infamias de prebostes socialistas a la juez que la tiene a su cargo.
La imputación judicial a cargos y ex altos cargos de la Junta, entre ellos a Magdalena Álvarez, ha sido recurrida por el Gobierno andaluz en una pirueta, difícilmente explicable, en la que parece actuar como abogado defensor más que como parte acusadora; lo que casaría con las intenciones desveladas de costear el gasto de las defensas de ciertos imputados.
Bretón ha sido considerado culpable por unanimidad del Jurado y la sociedad ha respirado. Lo de los EREs no se sabe cómo acabará, ni quienes de los imputados y candidatos a imputar se verán libres, si es que se ven, de la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas; pero su pestilencia aumenta con el pasar de los días por mucho ambientador que se esparza.
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