El Anteproyecto de Información Clasificada, aprobado por el Consejo
de Ministros el día 1 del presente mes, ha desencadenado una gran contestación
y rechazo en La Federación de Asociaciones de Periodistas de España y en La
Asociación de la Prensa de Madrid, así como en la práctica totalidad de los
periodistas, además de las objeciones de varios juristas que se han pronunciado
al respecto. Dicho Anteproyecto, en caso de ser aprobado en su literalidad,
limitaría los derechos de libertad de expresión e información, fundamentales en
las democracias, generaría inseguridad jurídica, entorpecería la investigación y
publicación de hechos de interés público e iría en contra de la Transparencia
proclamada.
Los Secretos de Estado, como es obligado, deben limitarse a los que
realmente afecten a la Seguridad Nacional. Los confidenciales o restringidos
estarían al albur del interés político o partidista del órgano gubernamental que
los declarase como tales, siendo una “ Espada de Damocles “ para los
informadores que los descubrieran, o tuvieran conocimiento de ellos, y los
publicaran.
El meollo de la cuestión reside en quién determina qué
es Información Clasificada y su duración. Sustraerla
del Ministerio de Defensa, al que está adscrito el CNI, para trasladarla al de
la Presidencia, actualmente a cargo de Félix Bolaños y con perfil netamente
político-partidista, con facultades para poder delegarla a órganos inferiores y
dependientes de él, no parece conveniente. Vistos los propósitos del mentado
Anteproyecto, tal vez sería preferible que una reducida comisión, conformada por
el CNI y magistrados independientes con sentido del Estado, asumiera dicho
cometido.
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