El Gobierno social-comunista aplica la ley del
embudo según sus conveniencias. Es complaciente con los partidos que facilitaron
su acceso al poder ( nacionalistas, bildu-etarras y similares especies
políticas, más los veletas aduladores ) y detractor feroz con los del
centro-derecha y la derecha, que se le oponen y critican por sus erróneas y
arbitrarias decisiones. A éstos no les da ni agua, por mucha sed que tengan, ni
atiende sus legítimas peticiones, como tampoco sus justificadas demandas de
explicaciones. El mayor responsable es el presidente Pedro Sánchez, que es quien
dicta y manda. Sus subalternos ( ministros, portavoces y los que conforman el “
aparato “ del PSOE “ sanchista “ ) se limitan a seguir sus directrices y a
plegarse a los intereses personales del “ capo “. A los de Podemos, integrados
en el Gobierno, les deja hacer, ya que los necesita, pese a sus ocurrencias
populistas y disparatadas, pues Sánchez, además de oportunista, es una maestro
en ellas.
A propósito de las reservas y oposición a
determinadas medidas del Decreto Ley sobre el ahorro energético, dijo que las
leyes hay que cumplirlas. Pero se ha mantenido callado como un zorro, cuando la
Generalidad de Cataluña ha llamado a desobedecer la decisión del Tribunal
Supremo, acerca de que en la enseñanza pública en dicha Comunidad se imparta un
25% en castellano. El caso es que la inmersión lingüística en catalán se viene
aplicando también en la Comunidad Valenciana y en la de las Baleares, quedando
reducida la enseñanza del castellano, en los centros públicos donde se imparte,
a algo testimonial o al mínimo indispensable. Con dinero de todos los españoles,
Cataluña y ambas Comunidades riegan con millones de euros a las entidades
pancatalanistas. Y el Gobierno “ no dice ni mu “, ni hace nada para
evitarlo.
En fin, es una incongruencia y un dislate decir
que hay que cumplir la Ley, lo que nos parece correcto, siempre que no sea
arbitraria e injusta, y al mismo tiempo criticar u oponerse a las resoluciones
judiciales cuando no gustan, máximo cuando proceden del Tribunal Supremo. Si
ello no es “ la ley del embudo “, que se explique cuál puede ser.
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