LA SANIDAD PÚBLICA.

 

La sanidad pública española, de la que podíamos presumir con orgullo por su eficiencia y calidad, ha ido deteriorándose en los últimos años pese a la acreditada competencia de los distintos profesionales que prestan tan primordial servicio o coadyuvan al mismo. Las listas de espera, salvo  los casos que por casuística diferente son atendidos de inmediato- por ejemplo: en síntomas de infarto o ictus, lesiones graves por accidentes varios,... o que por problemas menores se atienden con relativa prontitud en los servicios de urgencias - se prolongan más de lo que antes era inimaginable y, en ocasiones, el paciente con dolencia grave empeora o fallece antes de que le toque el turno. Hasta la cita para simples pruebas o revisiones de rigor, que antaño se programaba de un día para otro como quien dice, puede ahora fácilmente superar el mes en algunos de sus centros.

Las causas de tales deficiencias son varias y complejas, sin excluir los abusos y picarescas, que se producen al demandar asistencia médica por leves malestares pasajeros a los que la experiencia popular siempre ha dado remedio. Tampoco cabe desdeñar la demanda consecuente a la inmigración, acreedora a las prestaciones de la sanidad publica, ni el llamado turismo médico o sanitario. Si, además, se hace paralelamente un injustificado acopio de medicinas, se dispara el gasto farmacéutico. El elevado coste de algunas de ellas dificulta que puedan ser adquiridas por las clases más desfavorecidas que las necesitan.

Al final todo es cuestión de dinero, prioridades, planificación, gestión, supervisión e inspección para detectar quebrantos y fallos. Parece que en ello se está y algo se ha avanzado, pero no al ritmo deseable. Las distintas administraciones son las responsables de garantizar el buen funcionamiento de los servicios de salud y las asistencias derivadas de ellos.

La enfermedad no respeta estatus sociales- puede afectar a cualquiera-, pero quienes disponen de medios o posibilidades de concertar con aseguradoras, tienen la opción de acudir a la sanidad privada- en la que, por cierto, suelen pasar consulta algunos médicos generalistas y especialistas que ejercen en la pública- para ser atendidos con mayor premura, aunque también se dan retardos en aquella. Con todo, la privada no implica mayores garantías en el tratamiento de las dolencias graves o muy graves que las que merecidamente tiene reconocida la pública.

Sanidad, salud y sus complementarias ramificaciones derivadas y asistenciales, hay que contemplarlas en su conjunto multidisciplinar, y no como compartimentos estancos e independientes. En ello no hay que cicatear recursos ni tampoco en el campo de la investigación; la tijera tiene tela para cortar en otras partidas presupuestarias no esenciales- algunas de auténtico escándalo y despilfarro-, sobre las que en el mejor de los casos se ha hecho un tímido recorte, y a veces ni eso.

Que los respectivos gobernantes y gestores, nacionales y autonómicos concernidos por esta problemática, desciendan a nivel de calle, a hospitales y centros de salud, y hablen con médicos, personal sanitario y enfermos; tal vez, al oír propuestas y quejas en vivo, vean la luz y pongan justo remedio a lo que siendo excelente devino, en varios aspectos, a menos.

La asistencia sanitaria de calidad es un asunto de Estado. Las deficiencias no deberían servir para la confrontación política, y sí para fomentar acuerdos y soluciones que las subsanen.